Existe una tentación tan antigua como peligrosa en el análisis político: elevar cualquier algarada urbana a la categoría de enmienda a la totalidad contra el sistema. Cuando el humo de los contenedores ardientes nubla las avenidas de París, Roma, Bruselas o Madrid, la tendencia inmediata de la sociología de urgencia es buscar explicaciones superficiales. Se habla de la frustración de la Generación Z, del desbocado coste de la vida, del fin del contrato social o del malestar acumulado tras años de inflación. Sin embargo, reducir lo que presenciamos hoy en las capitales europeas a un mero desbordamiento de las reivindicaciones sectoriales es ignorar voluntariamente la realidad sobre el terreno: la violencia que azota al continente ya no es el síntoma de una protesta social; es un fin en sí mismo, orquestado por auténticos profesionales del caos cuyo único propósito es crear un clima social de violencia e inestabilidad permanente.
Es innegable que el contexto socioeconómico atraviesa un momento crítico. La erosión de las clases medias, las barreras para acceder a la vivienda y el encarecimiento energético generan tensiones legítimas que encuentran un cauce natural en la manifestación democrática. Las huelgas sectoriales y las marchas ciudadanas forman parte del núcleo de derechos de las sociedades libres desde hace décadas. Sin embargo, lo que ocurre cuando la noche cae sobre las marchas actuales responde a una lógica enteramente distinta. En el destrozo sistemático del mobiliario urbano, el saqueo de comercios o los ataques coordinados contra las fuerzas de seguridad no hay una sola propuesta de mejora laboral o social. Hay violencia pura y dura, desprovista de vocación constructiva y calculada para fracturar la convivencia.
Los diagnósticos de las fuerzas de seguridad en diversos países europeos coinciden: tras la masa de manifestantes pacíficos opera una red heterogénea pero coordinada de agitadores. Grupos antisistema, facciones extremistas e indeseables que se alimentan del desorden han encontrado en la protesta justa el camuflaje perfecto para sus actuaciones. Ya no estamos ante el arrebato espontáneo de un colectivo agraviado, sino ante tácticas de guerrilla urbana ensayadas al milímetro.
A través de canales encriptados y redes sociales como TikTok o Telegram, estos grupos no convocan a la negociación ni a la defensa de un sector; convocan, de forma explícita, a «liarla». La rapidez con la que se despliegan, asaltan y provocan el choque directo revela una estructura deliberada cuyo objetivo es erosionar el tejido social y desafiar la autoridad del Estado. El pretexto sectorial —sea una reforma laboral, el descontento agrario, una subida de impuestos o el encarecimiento de la vivienda— es para estos actores un elemento prescindible: solo es la cobertura que les brinda masa crítica y anonimato.
El impacto político de esta violencia orquestada va mucho más allá del destrozo material; actúa como un catalizador tóxico para la polarización ideológica, alimentando por igual a las facciones más extremas del espectro político.
Por un lado, colectivos de la extrema izquierda instrumentalizan o justifican estos altercados, interpretando el vandalismo como una insurrección legítima contra las estructuras del Estado burgués. Al revestir la violencia de una épica revolucionaria, legitiman la algarada y profundizan la brecha entre la ciudadanía y las instituciones democráticas, promoviendo la idea de que la vía institucional está agotada.
Por otro lado, la extrema derecha encuentra en estas imágenes de caos, fuegos y saqueos la munición perfecta para su discurso. El pánico urbano le permite presentarse como la única fuerza capaz de restaurar la ley y el orden mediante respuestas autoritarias y medidas de excepción. Cada escaparate roto y cada vehículo incendiado son utilizados como prueba de la «debilidad» del sistema democrático y de la supuesta incapacidad del Estado de derecho para proteger al ciudadano común.
Esta dinámica cruzada encierra a la sociedad en una espiral destructiva de acción y reacción sin visos de entendimiento. Cuando la calle se convierte en un campo de batalla permanente y el debate político se reduce a la trinchera, la paz social salta por los aires. La moderación y el diálogo pilares fundamentales de cualquier arquitectura democrática quedan completamente invalidados en favor del enfrentamiento visceral.
El peligro definitivo de esta espiral es el debilitamiento del marco institucional hasta el punto de ruptura. La historia de demuestra que la sensación prolongada de la ingobernabilidad, el desamparo institucional y el miedo al colapso social son los terrenos más fértiles para el surgimiento de tentaciones autoritarias. Cuando la ciudadanía percibe que el Estado no puede garantizar la seguridad básica en sus calles, el terreno queda abonado para respuestas antidemocráticas, la suspensión de garantías constitucionales o, en el peor de los escenarios, la justificación de intervenciones de fuerza que pongan fin al régimen de libertades bajo la promesa de salvaguardar la nación.
Europa no puede permitirse el lujo de autoengaño ni la complacencia. Confundir la legítima protesta social con las tácticas delictivas de colectivos violentos es un error de diagnóstico trágico. La respuesta frente al malestar socioeconómico deber ser la política, el diálogo social y la reforma efectiva; la respuesta frente a quienes organizan el caos como herramienta de desestabilización deber ser la aplicación rigurosa de la Ley y el rechazo unánime de toda la sociedad. Si las democracias permiten que los violentos secuestren la protesta y alimenten la espiral del extremismo, terminarán cediendo ante el abismo autoritario que estos mismos grupos buscan provocar. La polarización en la que vivimos hoy está floreciendo una agresividad peligrosa.
No quisiera olvidar, que en los años 80 del Siglo pasado en un Congreso de Sociología en el Helsinki una de sus conclusiones fue:” La caída y destrucción de Occidente, será como consecuencia del buenismo de sus Leyes”.
Francisco José Alonso Rodríguez. -Politólogo. – Sociólogo. – Presidente Liga Española Pro Derechos Humanos. – Premio a las Libertades “Rafael del Riego”. Medalla Internacional de DD.HH.-Ateneo Cultural Villalar.
Ignacio Moratinos “El Empecinado”. Coordinador General de la Liga Española Pro Derechos Humanos en Castilla y León. – Ateneo Cultural Villalar